Chile
Gestión Sostenible del Agua en Chile: Desafíos y Progresos
Chile ha implementado una serie de políticas avanzadas para gestionar sus recursos hídricos, centrándose en la sostenibilidad y la adaptación a las necesidades tanto industriales como residenciales. Uno de los pilares de la gestión del agua en Chile es el Código de Aguas de 1981, que establece un marco basado en el mercado para la asignación y uso del agua. Este código ha fomentado la inversión privada en infraestructuras hídricas, especialmente en el sector agrícola y minero, permitiendo la plantación de cultivos de alto valor y el desarrollo de la minería en el norte del país. Las asociaciones de usuarios de canales han jugado un papel crucial, operando con autonomía del gobierno y mejorando su capacidad administrativa y técnica.
Las reformas al Código de Aguas en 2005 abordaron preocupaciones sociales y ambientales que surgieron con el tiempo. Estas reformas incluyeron medidas para prevenir la monopolización de derechos de agua y la especulación, como la implementación de tarifas para derechos de agua no utilizados y la limitación de solicitudes de derechos a necesidades genuinas. También se introdujeron consideraciones ambientales en la concesión de nuevos derechos de agua, enfocándose en la protección de los caudales ecológicos y la gestión sostenible de los acuíferos. Estas reformas fueron el resultado de un proceso de negociación de quince años que involucró diversas enmiendas y aprobaciones legislativas.
Además, Chile ha avanzado significativamente en el desarrollo de la desalación para suplir la demanda de agua, especialmente en el sector minero. La regulación de esta industria considera todas las etapas del proceso de desalación, desde la extracción de agua marina hasta su uso final, facilitando así la construcción y operación de plantas desaladoras. Este enfoque ha incentivado la inversión en proyectos de desalación, asegurando que el agua desalinizada esté disponible tanto para usos industriales como residenciales. La colaboración con comunidades locales para compartir el agua desalinizada también se considera una buena práctica, promoviendo una licencia social para operar y asegurando el acceso sostenible al agua en regiones afectadas por la escasez hídrica.
