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Argentina: Transformación de la Política Hídrica y el Retorno al Modelo de Concesión (2024-2026)

La política hídrica en Argentina atraviesa en este febrero de 2026 uno de sus giros más profundos desde la crisis de 2001. El país ha pasado de un modelo de gestión estatal centralizada y focalizada en el derecho social (2006-2023) a un esquema de desregulación acelerada, privatización de empresas públicas y paralización de la obra pública directa por parte del Estado Nacional. Esta transición busca, según los lineamientos del actual Gobierno, revertir el deterioro de una infraestructura que ha perdido funcionalidad y atraer capitales privados bajo nuevos marcos jurídicos.

1. El Cambio de Paradigma: De AySA Estatal a la Privatización Total

El hito más significativo de la gestión actual es el anuncio y avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense (aproximadamente 14 millones de personas).

• Marco Legal: A través de la ley de reforma del Estado y decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno autorizó la venta del 90% del paquete accionario de AySA. El 10% restante permanece bajo el Programa de Propiedad Participada para los trabajadores.
• Fundamentos Técnicos: Informes de la Cámara Argentina de la Construcción y del Ministerio de Economía en 2025 señalaron que el 61% del capital físico de la infraestructura de agua y saneamiento en el AMBA estaba depreciado o en riesgo de falla. Los costos de mantenimiento anual se estimaron en $3.260 millones de dólares, una cifra que el Estado Nacional decidió no costear mediante subsidios directos.
• Situación Tarifaria: En febrero de 2026, las facturas de agua en el Área Metropolitana han experimentado subas superiores al 40% anual, impulsadas por la eliminación de subsidios cruzados y la actualización de costos operativos de la empresa en transición.

2. Infraestructura y Obra Pública: El Modelo de Participación Privada

Durante 2024 y 2025, la inversión pública nacional en agua y cloacas sufrió una contracción del 95% en términos reales comparado con 2023. Esto ha reconfigurado el mapa de la construcción hídrica en el país.

Paralización y Traspaso

De las más de 2.500 obras iniciadas en la gestión anterior (2019-2023), casi el 80% de las obras remanentes fueron paralizadas o traspasadas a las provincias para que estas busquen su propio financiamiento.

• Consecuencia Regional: Provincias con mayor capacidad fiscal (como Córdoba o Santa Fe) han continuado acueductos estratégicos mediante créditos internacionales (CAF, BID), mientras que jurisdicciones del Norte Grande (NOA y NEA) presentan una parálisis técnica en plantas potabilizadoras clave.
• Nuevos Proyectos: Bajo el nuevo régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se han priorizado proyectos de infraestructura hídrica vinculados exclusivamente a la producción, como acueductos para la minería de litio en la Puna y sistemas de riego tecnificado para la zona núcleo agrícola.

3. La Deuda Ambiental: Cuenca Matanza-Riachuelo y Humedales

A pesar de la desregulación económica, la presión judicial por el Fallo Mendoza (2008) sigue vigente, aunque con una ejecución presupuestaria debilitada.

• ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo): En 2025 y lo que va de 2026, la entidad ha sufrido una reestructuración profunda, con el despido de personal técnico y una reducción en las inspecciones a las industrias contaminantes (curtiembres y frigoríficos). Organizaciones como FARN han elevado reclamos a la Corte Suprema advirtiendo sobre el riesgo de retroceso en la recomposición ambiental de la cuenca más contaminada del país.
• Ley de Humedales: A febrero de 2026, la ley continúa sin sanción definitiva. El debate parlamentario se encuentra bloqueado por la tensión entre la protección de servicios ecosistémicos (regulación de inundaciones y purificación de agua) y la expansión de la frontera inmobiliaria y agropecuaria.

4. Gestión Transfronteriza y Adaptación al Cambio Climático

Argentina mantiene compromisos internacionales para la gestión de recursos compartidos, aunque el enfoque ha rotado hacia la seguridad productiva.

• Acuífero Guaraní: En abril de 2025, Argentina reafirmó junto a Brasil, Paraguay y Uruguay el compromiso de cooperación científica bajo la égida de la UNESCO. Se ha avanzado en la conformación de una Red de Monitoreo integrada que utiliza normas ISO 19100 para compartir datos de presión y calidad del agua subterránea en tiempo real, vital ante el aumento de la demanda por sequías.
• El Paraná y la Hidrovía: La bajante histórica del río Paraná ha forzado a la Secretaría de Infraestructura a priorizar el dragado para asegurar la exportación de granos, relegando en la agenda los planes de adaptación al cambio climático que enfocaban en la preservación de la biodiversidad del río.
  
  

Análisis del Estado de Situación

La gestión del agua en Argentina hoy se define por la fragmentación federal. Mientras el AMBA se dirige hacia un modelo de concesión privada total, las provincias se ven forzadas a una autonomía hídrica sin precedentes. Este escenario plantea un interrogante técnico: la sostenibilidad de los sistemas en regiones de baja densidad poblacional (Patagonia) o estrés hídrico extremo (Cuyo), donde la rentabilidad privada es nula y la capacidad provincial para mantener grandes acueductos de deshielo es limitada. El agua, en la Argentina de 2026, ha dejado de ser una política de Estado unificada para convertirse en una variable de ajuste fiscal y eficiencia de mercado.

Fuentes Consultadas:

• Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica - Reporte de Obras 2026.
• INDEC - Encuesta Permanente de Hogares: Acceso a Servicios Básicos.
• UNESCO / CAF - Informe de Avance: Sistema Acuífero Guaraní.
• Chequeado / Ejecución Presupuestaria de la Nación (Presupuesto 2025 Prorrogado).
• ACUMAR - Informe de Gestión y Auditoría Ambiental.